jueves, 27 de octubre de 2011

La ley de ingresos: Instrumento de desarrollo y justicia

Una de las discusiones más emblemáticas de la agenda legislativa del Congreso de la Unión, que se presenta anualmente, es el debate sobre el Presupuesto. Las diversas fuerzas políticas que lo integran tienen una visión distinta de nación, por lo que analizar la mejor propuesta que dé al país los ingresos que se requieren y argumentar sobre sus beneficios siempre es complicado. Por ello, en la búsqueda de consensos se requiere de voluntad, compromiso y responsabilidad de nuestros representantes.

Los legisladores priístas han sido prudentes frente al escenario adverso que presenta en estos momentos la economía global. No obstante, se han mostrado firmes frente al reto de aprobar una Ley de Ingresos responsable y a la altura de las circunstancias nacionales e internacionales.

Así, para 2012, el país podrá contar con ingresos de alrededor de tres billones 707 mil millones de pesos, lo que representa 59 mil millones de pesos más de que lo que proponía el Ejecutivo Federal. Para tener una idea, esta cantidad adicional equivale al presupuesto total de una entidad federativa.

Este es el primer paso, sin embargo, es necesario mantener la convicción de impulsar políticas públicas que reactiven la economía y permitan al Estado mexicano tener finanzas públicas sanas y una mayor solvencia presupuestal. Aún no hemos sido capaces de ampliar nuestra base tributaria, en cambio, seguimos siendo dependientes de los ingresos petroleros, a la vez que se incrementa el déficit fiscal del gobierno federal, que en el primer semestre del año llegó a 125 mil 431 millones de pesos.

Para lograrlo, es urgente sacar adelante una reforma fiscal profunda que permita, de manera justa y eficiente, recaudar más recursos y distribuirlos con visión federalista para impulsar el desarrollo regional. Es decir, la reforma no sólo puede ser pensada en qué impuestos deben prevalecer, debe abordar inexcusablemente el tema de quién debe recaudarlos y a dónde se va a aplicar lo recaudado, incluyendo de manera equitativa a estados y municipios.

En paralelo a esta importante reforma se debe contemplar incentivos para aumentar la competencia en el sector de telecomunicaciones, y con ello garantizar que muchos más mexicanos accedan a internet y a la telefonía con precios comparables a los de los países integrantes de la OECD. El objetivo es hacer nuestra economía más competitiva en los mercados globales. Los acuerdos alcanzados por los diputados federales para la aprobación del paquete fiscal, nos llevan a visualizar el cambio estructural que requiere México para eliminar los obstáculos a su crecimiento. La reforma fiscal debe coadyuvar a corregir los rezagos sociales, sin olvidar el impulso a las inversiones públicas enfocadas al crecimiento de la infraestructura del país. En el fondo, a construir una nueva nación con perspectivas de desarrollo de primer mundo.