jueves, 19 de enero de 2012

Ley de Asociaciones Público-Privadas

19 de Enero de 2012

Fidel Herrera Beltrán


Muy probablemente, el sociólogo Anthony Giddens, ex director de la London School of Economics, no dimensionó en su justa proporción el impacto que tendría a nivel mundial el esquema de asociación entre gobierno e iniciativa privada que sus ideas impulsaron en Gran Bretaña durante los últimos quince años. Con un planteamiento de racionalidad económica, dirigida al mejoramiento social, y bajo la perspectiva de la socialdemocracia, abrió un mecanismo de asociación que se convirtió en el instrumento de su principal propuesta política: la tercera vía.

En este esquema de asociaciones para el impulso de obra pública y prestación de servicios, tanto el gobierno como los empresarios comparten autoridad, corresponsabilidad y riesgos. Con ello, generan un incremento sostenido en la inversión, tanto nacional como extranjera, porque no se trata de contratos por acciones específicas, sino de una asociación virtuosa de largo plazo, donde a partir de la prestación de servicios públicos, los particulares pueden invertir y obtener ganancias, e incluso mejorar su rentabilidad en función a su desempeño.

La experiencia británica ha inspirado a diversos países desarrollados a implementar esta política, cuyo objetivo principal es brindar mejores servicios a los ciudadanos, así como lograr darle una mayor “valor” al dinero de los contribuyentes.

En México ya hemos avanzado en este esquema novedoso a nivel de las entidades federativas. Estados como Baja California, Estado de México, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz han explorado con éxito las conveniencias de asociación entre gobiernos y empresas privadas para invertir, construir infraestructura y mejorar los servicios públicos. Todo ello se ha traducido en un mayor crecimiento económico, desarrollo regional y empleo.

Las obras que destacan actualmente dentro de este esquema participativo son las de infraestructura carretera, sin embargo, su impacto puede ser focalizado hacia otros sectores, como el de salud con la apertura de unidades médicas especializadas y de alta tecnología; el de investigación y desarrollo con centros de estudio que generen innovación tecnológica y patentes; con el energético para la administración de residuos y de agua potable; el educativo, y el de administración de penales, entre otras muchas aplicaciones.

Esta semana fue promulgada por el Ejecutivo Federal la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Su importancia, especialmente en un contexto internacional de recesión, radica en que México ya cuenta con un instrumento legal que le posibilita enfrentar escenarios adversos manteniendo un ritmo de crecimiento adecuado. Su legitimación se refuerza al haber contado con el acuerdo unánime de los grupos parlamentarios.

Ahora, toca avanzar en las reformas estructurales que requiere el país, como la hacendaria, la laboral y la energética, que nos permitan dinamizar nuestro mercado interno y las exportaciones, revitalizar el campo y la generación de alimentos, así como, fortalecer nuestra economía ante futuras crisis económicas. De ello depende convertirnos en la nación competitiva que queremos.